FACUA denuncia favoritismos en el reparto de subvenciones a asociaciones de consumidores

En un comunicado difundido ayer, FACUA-Consumidores en Acción protesta contra el último reparto de subvenciones a las asociaciones de consumidores realizado por el Instituto Nacional de Consumo.

El recorte va siendo progresivo y viene motivado, según FACUA, por criterios de favoritismo político y no de representatividad, señalando directamente que la Unión de Consumidores de España (UCE) está siendo beneficiada por su vinculación con el PSOE. Las relaciones entre ambas no parecen ser muy buenas, y ya en su día hubo un enfrentamiento entre Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE y FACUA, a la que la primera pedía explicaciones a propósito de la difusión de una noticia relativa a la ayuda obtenida por UCA-UCE para la tramitación de las reclamaciones de los afectados en los casos FORUM y AFINSA, supuestamente intencionada porque se silenciaban las otras asociaciones beneficiadas.

Lo cierto es que, aunque no se aporten datos que acrediten la representatividad de las asociaciones favorecidas en relación con el reparto de ayudas, FACUA no es la única que ha denunciado un trato desigual y subjetivo a estas entidades.

La OCU solictó en su día la destitución de la Directora General de Consumo del Gobierno de Aznar por los criterios arbitrarios, sectaristas o torpes en la composición del Consejo de Consumidores y Usuarios, que la dejaba en un segundo plano a pesar de su peso ponderado. FACUA contraatacó diciendo que el hecho de que una asociación tenga más locales es indicativo de mayor representatividad que, en este caso, la OCU, que sólo tiene una sede en Madrid y "no se preocupa por las problemáticas concretas de los consumidores en sus comunidades autónomas, provincias y municipios y no tiene ningún nivel de participación institucional en dichas zonas y cuya relación con sus socios casi se reduce a la de una editorial que les envía revistas periódicas".

Por otro lado, AUSBANC fue en el año 2005 expulsada del Registro de Asociaciones de Consumidores, al considerar el Instituto Nacional de Consumo que hacía publicidad comercial o no meramente informativa en su revista Justicia y Derecho y en su página web. La Comunidad de Madrid, no obstante, salió en su defensa.

Esta misma asociación conseguía en febrero de este año que el Tribunal Supremo anulara parcialmente el Real Decreto 613/2006, de 19 de mayo, de concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por la situación de las empresas Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Forum Filatélico, S.A., por afectar a los gastos de defensa legal, vulnerando el artículo 31.7.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También alegó desviación de poder, considerando que la única razón que subyacía en las subvenciones concedidas era acallar a las asociaciones de consumidores y usuarios, evitando cualquier intento de éstas de exigir responsabilidad patrimonial del Estado por la situación acaecida.