Creación del Abogado del Estado-Jefe en cada Comunidad Autónoma

La realidad de que la organización de la Administración General del Estado y de la Planta judicial sigue siendo en gran parte provincial, no puede ser óbice a la consideración de que la implantación de las Comunidades Autónomas tiene que ser reconocida organizativamente en un servicio del Estado, que se acomoda, así, a la existencia de un órgano único de representación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, el Delegado del Gobierno, y a la influencia que el hecho autonómico tiene en el ejercicio de las propias competencias del Estado. Tampoco puede olvidarse el papel que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas juegan culminando la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y su incidencia en el sistema de recurso y de fijación de doctrina jurisprudencial sobre el derecho autonómico, que cada vez cobra mayor presencia en la actuación de las entidades del Sector Público en sus respectivos ámbitos territoriales.

Ello trae consigo una necesaria centralización de ámbito autonómico que permita realizar un asesoramiento comprensivo e integral al Delegado del Gobierno, desde la perspectiva que da el conocimiento de la realidad de la asistencia jurídica a toda la Administración periférica de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma; así como garantizar una debida coordinación de los asuntos contenciosos que culminan ante el Tribunal Superior de Justicia, bien sea para trasladar tales criterios a los restantes órganos asesorados y demás unidades del Servicio Jurídico, ya para permitir una eficaz detección de criterios jurisprudenciales divergentes que puedan ser presupuesto del correspondiente recurso de unificación de doctrina.

Real Decreto 3/2007, de 12 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, que viene a crear la figura del Abogado del Estado-Jefe en cada Comunidad Autónoma.